Sobre la utilidad de desconfiar del presidente
Porque un político no necesita mentir para no decir la verdad
Desde el día que el presidente Pedro Pablo Kuczynski usó una pizarra para explicar los beneficios de un dudoso negocio para el país, sometió sus cifras a la sospecha. Ese día PPK aseguró que la adenda al contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero iba generar un ahorro de 590 millones de dólares en intereses al país. El detalle es que la cifra procedía del cálculo que la empresa interesada había planteado al gobierno para seguir con la obra. Sin embargo, el propio Ministerio de Economía calculó el beneficio en apenas la mitad y poco después el Ministerio de Transportes aplicó otro criterio de cálculo que parecía reducir el beneficio a solo 90 millones. Los economistas -como el propio PPK y algunos miembros de su gabinete- pueden hacer magia con los números, pero el perjudicado con esos malabares confusos siempre es el ciudadano que no termina de saber qué está pasando.
El lunes pasado, el presidente volvió a dar algunas cifras que se deslizan sobre el hielo de las matemáticas y las estadísticas del Estado. En una entrevista sobre el primer año de su gestión, PPK dijo que el actual estancamiento de la economía se debe al impacto del Caso Lava Jato, que ha truncado proyectos y mermado la confianza de otros inversionistas, y a las secuelas económicas del Fenómeno del Niño costero, que asoló buena parte de Lima y tres regiones del norte el país. Cuando le preguntaron si reconocía algún factor interno, de la propia administración, el presidente se refirió a una inesperada carga heredada del gobierno anterior: “¿Quién sabía que en los últimos cinco años se había contratado a más de 80 mil funcionarios adicionales en el Gobierno Central?”. Pudo ser una mención al paso, pero PPK quiso enfatizar el impacto de esa masa burocrática: “Ha sido un freno a la operatividad del gobierno”.
OjoPúblico envió consultas a dos funcionarios de Palacio de Gobierno para verificar la fuente de la información expuesta por el Presidente de la República, pero no obtuvo respuesta.
SERVIR. La Autoridad Nacional del Servicio Civil estima que en el gobierno anterior se incorporaron 149 mil personas al Estado en todos nos niveles de gobierno.
Entonces hicimos una indagación entre fuentes oficiales, ex funcionarios y expertos independientes. La conclusión es que, al igual que en el caso de la pizarra, la cifra del presidente amerita un examen detallado. En principio, porque, tal como fue dicha, suena alarmante, un caso abrumador de saturación burocrática. Sin embargo, en el 2016 un estudio de los economistas José Luis Bonifaz y Juan José Martínez, de la Universidad del Pacífico, reveló que entre el 2000 y el 2011 unas 40.000 personas ingresaron anualmente a trabajar en el Estado. "El gasto en personal aumentó cada año en alrededor de 1.000 millones de soles (un promedio de 9% anual", precisaron Bonifaz y Martínez en el libro “Reforma del Servicio Civil: Momento de Implementación” (CIES, 2016). Así las cosas, la supuesta carga a la que PPK atribuye parte del estancamiento ya no resulta tan abrumadora.
“[Ochenta mil funcionarios] entre 5 años, te da 15 mil por año. No es algo [como para] que digas: eso me está causando problemas”, coincide el investigador y exministro de Trabajo Jorge Gonzalez Izquierdo a una consulta para OjoBiónico. “El [verdadero] problema es que con Ollanta Humala se privilegió tremendamente aumentar el gasto corriente, que incluye remuneraciones, contratación de nuevo personal, etc. Y el gasto en inversión, que es lo que necesita el Perú, casi no creció”.
Si nos atenemos a la clasificación legal, un estimado de la Autoridad Nacional del Servicio Civil señala que existen aproximadamente 17 mil funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno.
En cualquier caso, la sola cifra abre todo un campo de pesquisas. Uno podía pensar que la respuesta está tan a la mano como los presupuestos que el Estado presenta en su portal de Transparencia. Pues no. El primer tope es que la información abierta sobre los servidores públicos aparece bajo criterios genéricos: uno puede saber cuántos mineros reciben algún pago del Estado, pero no cuántos funcionarios trabajan específicamente para el Gobierno Central y en qué dependencias. Las planillas electrónicas del Ministerio de Trabajo (MINTRA), por ejemplo, no incluyen la información diferenciada por niveles de gobierno (central, regional y local) y tampoco por tipos de servidor público. Esto último, en un aparato que además admite hasta 15 formas distintas de vínculos con el Estado, puede ser un pequeño obstáculo.
El artículo 3 de la Ley de Servicio Civil establece las siguientes categorías de servidor público: a) Funcionario público: sea el elegido por voto popular (presidente, alcaldes, gobernadores regionales) o los titulares de las entidades públicas (ministros, viceministros, etc.); b) Directivo público: el que está a cargo de la organización y toma de decisiones de un grupo de trabajo, proyecto o programa especial; c) Servidores de carrera: asistentes, analistas, especialistas y ejecutivos-expertos; y d) Servidores de actividades complementarias: choferes, secretarias, conserjes, etc. Este universo tiene varios regímenes laborales que suponen distintos niveles de ingresos y derechos.
OJOBIÓNICO. El espacio de verificación de OjoPúblico vuelve en segunda etapa para analizar las afirmaciones de los personajes públicos y detectar inexactitudes o problemas con la verdad.
Según el presidente Kuczynski, su gobierno ha heredado 80 mil nuevos funcionarios públicos en el Gobierno Central. Si nos atenemos a la clasificación legal, un estimado de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) señala que en la actualidad existen aproximadamente 17 mil funcionarios en todos los niveles de gobierno. “Cuando el presidente dice funcionarios públicos se refiere a servidores públicos, que es todo el empleo público (es decir todos los trabajadores del Gobierno Central)”, dice Fernando Cuadros, especialista de la Gerencia de Políticas de Gestión de Servir.
Según este analista, hacer el cálculo no es tan difícil: basta con recabar todas las planillas de todas las entidades públicas del Gobierno Central. Institución por institución.
“Nosotros hemos venido trabajando en el marco de lo que establece la Ley de Servicio Civil, que determina los tipos de funcionarios [...]”, señala Cuadros. “Justamente para efectos de determinar sus reglas de remuneración es que hemos venido haciendo este trabajo de recopilación de todos los tipos de funcionarios que existen. Pero es algo que todavía está pendiente de oficializar”, precisa.
En un país con tres exmandatarios bajo sospecha (y uno preso) nos toca poner en duda lo que diga el presidente. Nos proponemos ejercer una saludable desconfianza. Para eso despierta el OjoBiónico.
El gobierno puede decir que las cifras existen. El problema es que no son tan accesibles y no siempre nos tomamos el trabajo de verificar de qué manera las usan nuestros funcionarios y autoridades. Si el presidente pudo salir por televisión a mostrarnos en una pizarra una ecuación discutible, ¿qué puede pasar con las cifras que suelta al paso en una entrevista de coyuntura o en una actividad pública? El informe inicial de este especial revela que de una muestra de quince afirmaciones durante su primer año de gobierno, más de la mitad fueron engañosas, un buen grupo fueron completamente falsas y apenas dos fueron verdaderas. Y ya sabemos que en este gobierno una resta incorrecta implica una diferencia de casi 600 millones de dólares.
Es bueno aprender a desconfiar de nuestras autoridades. Nos hace ver lo que dicen con otros ojos. Nos ayuda a entender lo que no dicen.
Puestos ya en el caso de los empleados públicos, hay cifras que cuentan cosas. La referencia más usada procede del Instituto Nacional de Estadística (INEI), que tiene a cargo la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Según este sondeo, el universo de los trabajadores del sector público al 2016, en todos los niveles de gobierno, era de 1 millón 440 mil personas. Este cálculo incluye a los trabajadores de la administración pública, de empresas públicas, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
En base a esta encuesta, Servir ha calculado que en el gobierno de Ollanta Humala el número de servidores incorporados al Estado aumentó aproximadamente en 149 mil personas. Con los mismos criterios, el aumento de personal público en el gobierno de Alan García fue de 347 mil personas.
En el Perú de las posibilidades matemáticas, incluso puede que la cifra de PPK refleje algún tipo de cálculo certero. El detalle discutible es si significa lo que nos daba a entender. Un político no necesita mentir para no decir la verdad. Y en un país con tres exmandatarios bajo sospecha (y uno preso) nos toca poner en duda lo que diga el presidente. Por eso nos proponemos ejercer una saludable desconfianza. Para eso despierta el OjoBiónico.
Foto: Andina