Durante su primer año de gobierno, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y varios de sus ministros pasaron por constantes episodios de crisis que generaron inestabilidad a su gestión: desde el reclamo ciudadano por la falta de resultados en materia de seguridad, la aprobación de un flexible Reglamento de la Ley de Alimentación Saludable, el escándalo de corrupción por el caso Lava Jato, la modificación del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, un brote de dengue en el norte del país, hasta las huelgas de médicos y maestros. Todos fueron hechos que obligaron al jefe de Estado y su gabinete a ensayar respuestas y justificaciones para capear las tormentas políticas.

Un ejercicio de verificación de datos con el método de OjoBiónico permite ahora evidenciar que, al menos en trece episodios relevantes registrados en ese período, Kuczynski y sus ministros tuvieron un discurso en el que hubo más declaraciones con datos engañosos y falsos que honestas respuestas.

De la muestra seleccionada en forma aleatoria para esta revisión, seis de las afirmaciones tuvieron la calificación de engañosas, seis resultaron falsas y solo hubo una verdadera. Esta última corresponde a declaraciones del presidente Kuczynski en un acto oficial sobre la ubicación del Perú en los rankings internacionales de innovación.  

A continuación sustentamos cada una de las evaluaciones de frases y datos recogidos para este informe organizado en cinco sectores: Seguridad, Salud, Educación, Economía y Medio Ambiente. Esta labor implicó la revisión de documentos oficiales, estudios de organizaciones independientes, análisis de cronologías de crisis del gobierno y entrevistas con funcionarios públicos y expertos. 

 

SALUD

La titular de Salud, Patricia García, se basó en un dato engañoso para defender los criterios del Reglamento de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes aprobado en julio de 2017. Según la ministra, esta norma se elaboró sobre la base del modelo chileno porque es “el más exitoso en América Latina”.

El problema está en que esta afirmación no se basa en estudios o indicadores concretos, ya que la Ley sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad en Chile recién se aprobó en junio de 2016 y aún no se han realizado evaluaciones sobre el impacto de su implementación. “Se irán haciendo en forma progresiva. Esperamos que [estas] demuestren a futuro una baja en la obesidad y mejoras en la alimentación de las personas”, dijo la ministra chilena de Salud, Carmen Castillo Taucher, el pasado siete de enero en una conferencia con representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Santiago.

OjoBiónico halló que lo único que se ha medido en Chile son las percepciones y actitudes de los ciudadanos sobre la norma al cumplirse un año de su entrada en vigencia. Según un sondeo del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, publicado en junio pasado, el 91.6% de chilenos afirma que sí toma en cuenta los sellos “Alto en calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio ” para elegir el producto que compra.

El Subsecretario de Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile, Jaime Burrows, aporta otro dato relevante: de 8.000 productos alimenticios distintos que deberán ser rotulados conforme a los nuevos parámetros nutricionales, 1.500 reformularon sus etiquetas para advertir sobre alguno de sus contenidos con niveles más altos de nutrientes que los estándares saludables. “Este es un indicador exitoso”, dijo Burrows. Sin embargo, antes que Chile, los gobiernos de Ecuador, México y Brasil aprobaron reglamentos para promover la alimentación saludable y no se conoce de ningún estudio fiable que compare el impacto de estas normas.

 

Ante los recurrentes problemas de disponibilidad de medicinas en los hospitales públicos reportados por los medios en julio, la ministra de Salud, Patricia García, declaró que el problema está en el sistema logístico que complica la distribución de las medicinas compradas a las farmacias. Pero, después de analizar los hechos y consultar dos investigaciones (de la Defensoría del Pueblo y de la ONG Contribuyentes por Respeto), OjoBiónico concluyó que la explicación de la ministra está incompleta y resulta engañosa para justificar las razones de fondo de la más reciente crisis de abastecimiento de fármacos.

Los problemas de disponibilidad de medicinas reportados este año se originaron en el proceso de adquisiciones. Para el período 2017-2018, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) tenía programadas compras corporativas para 151 instituciones públicas de salud que debían empezar en octubre de 2016 y finalizar en febrero de 2017. De esta manera, los medicamentos comprados ingresarían a los almacenes del Ministerio de Salud en mayo de este año y se cubrirían a tiempo las necesidades.

Pero esos procesos, que contemplaron la adquisición de 240 fármacos, se postergaron dos veces y concluyeron sesenta días después del cronograma fijado. Como una salida rápida al problema, algunos hospitales hicieron compras directas para cubrir las carencias, pero esto perjudicó el proceso de almacenamiento y distribución de medicinas e insumos médicos en los hospitales del país.

Un informe de la Defensoría del Pueblo evidencia que los episodios de desabastecimiento de fármacos en los servicios médicos del Estado son constantes y se reportaron en los años 2009, 2011, 2012, 2013 y 2016. En la mayoría, el problema no fue la falta de presupuesto, sino los procesos de programación, compras y distribución de los productos. Por ello, al ser el abastecimiento una cadena de procesos, las ineficiencias en cada tarea se acumulan y se reflejan en los resultados finales. Los hechos indican que el problema se repitió este año.

En el Perú, la compra de fármacos del Petitorio Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) se puede realizar de dos formas: por el sistema compras corporativas a cargo del CENARES y las compras individuales de cada entidad. Ambas modalidades reportan dificultades en su planificación (no existe una base de datos actualizada a escala nacional sobre la cantidad de pacientes totales por enfermedad para facilitar el cálculo de la demanda de medicinas), ya que el consumo real de fármacos difiere a menudo de lo previsto en el año. Esto genera situaciones de desabastecimiento de algunos productos y reservas en exceso de otros.

El sistema de almacenes y distribución de medicinas del Ministerio de Salud también tiene problemas. CENARES posee solo dos almacenes centrales desde los que distribuye a todo el país los medicamentos obtenidos mediante compras corporativas. En las regiones hay bodegas especializadas, pero la mayoría no cuenta con certificados de buenas prácticas de almacenamiento, según un informe de la ONG Contribuyentes por Respeto publicado en octubre de 2016. Además, el Ministerio de Salud solo cuenta con 162 puntos de entrega de medicinas en todo el país y no funcionan como una red integrada de logística de medicamentos.

 

Tras el accidente automovilístico en el Cerro San Cristóbal, que ocasionó diez muertos y 57 heridos, la ministra de Salud, Patricia García, aseguró que todos los hospitales de Lima estaban en condiciones de atender las emergencias, en particular las unidades de reanimación o de shock trauma. Sin embargo, el mismo día que hizo esta afirmación, los médicos del Hospital Arzobispo Loayza reportaron que el nosocomio carecía de un tomógrafo, de placas para rayos X y de insumos de laboratorio para atender en forma oportuna y eficaz a los heridos.

Varios de ellos tuvieron que ser trasladados a otros hospitales y se puso en evidencia que solo el hospital Dos de Mayo posee un tomógrafo en buenas condiciones, cuando todos aquellos centros médicos que tienen la categoría III-1 deben contar con áreas de emergencias equipadas y unidades de cuidados intensivos.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República desmiente ahora de manera categórica a la ministra. En el documento se revela que el Hospital Cayetano Heredia tiene el 41% de sus equipos malogrados y el Hospital Sergio Bernales registra el 36% de sus aparatos médicos dañados. En el Hospital Loayza, el 22% se encuentra en este mismo estado. “Con toda sinceridad, no estamos preparados para una emergencia que involucre más de 30 heridos”, dice la directora del hospital Daniel Alcides Carrión, Maria Elena Aguilar.

 

En los primeros cinco meses del 2017, se registraron 44.971 casos de dengue en el Perú, es decir, más del doble de casos ocurridos en el mismo período en el 2016 y más del triple de los que se reportaron en el 2010, según las estadísticas del área de Epidemiología del Ministerio de Salud. El mayor número de infectados por este virus se concentró en Piura, donde hasta entonces se identificaron 26.958 casos. La cifra fue seis veces mayor a la del 2016 .

Sin embargo, en mayo pasado, la ministra de salud, Patricia García, dijo que el virus del dengue en Piura estaba controlado y que algunos medios estaban siendo alarmistas porque hablaban de una pandemia para referirse al brote en esta zona del país. “Se está creando un psicosocial, sí hay casos de dengue en Piura, así como en Tumbes, Lambayeque y La Libertad, pero están siendo controlados”, expresó García en una conferencia de prensa en Lima.

Después de revisar los reportes epidemiológicos, OjoBiónico identificó que la ministra García no dijo la verdad al señalar que el brote de dengue agudizado por las lluvias del Fenómeno del Niño costero estaba controlado. El director regional de Salud, César Morón, explicó a mediados de mayo lo siguiente: “Tenemos 400 casos semanales y, para hablar de una situación controlada, debemos registrar apenas 30 casos”. Al 25 de julio, Morón confirmó que el brote de dengue seguía siendo un problema, ya que se registran unos 300 casos por semana en Piura. Por eso, el representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en el Perú, Raúl González, dijo que los casos de dengue escalaron al nivel de una epidemia en el país.

En lo que no se equivocó la ministra García fue en detectar el incorrecto uso del término pandemia en algunos medios, cuando en realidad debían usar epidemia. Según la OPS y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una epidemia es una enfermedad o virus que se propaga en un país o una localidad a un alto número de personas. Mientras que una pandemia es la propagación en varios países y continentes. 

 

SEGURIDAD

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, destacó como un logro de su gestión que las operaciones policiales contra las bandas de extorsionadores en el país redujeron notoriamente este delito en las zonas intervenidas. “La conclusión que emerge sin dificultad es que los niveles de extorsión se han reducido casi a la mitad en el promedio nacional en aquellos lugares donde hemos hecho los megaoperativos”, declaró en una conferencia de prensa. Según Basombrío, los resultados se basaban en cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sin embargo, su afirmación resultó engañosa.

El INEI no ha analizado la tasa de extorsiones en las zonas donde se realizaron las operaciones policiales. El boletín de estadísticas de seguridad ciudadana del período noviembre 2016 - abril 2017 muestra que la tasa de víctimas de secuestro y extorsión mayores de 15 años de edad subió en 18 de los 24 departamentos del país. Solo se redujo en Amazonas, Huánuco, Lambayeque y Loreto.

Conforme a las cifras del INEI que sustentan el Estudio de Victimización en las Empresas 2015-2016, las tasas de extorsión disminuyeron en Tumbes, Lambayeque, Lima, Amazonas, La Libertad, Piura, Ica y el Callao. Si bien es cierto que en estos departamentos se realizaron las operaciones "Aluvión Zarumilla", “Tormenta 2” y “Los maniáticos del Norte”, en Ucayali y Junín, donde también hubo intervenciones policiales con grandes despliegues, los casos acumulados por este delito aumentaron en lugar de disminuir.

El ministro Basombrío tomó estos indicadores para afirmar que los niveles de extorsión se redujeron a casi la mitad del promedio nacional en el país, pero incluso en los departamentos donde sí hubo resultados favorables, la tasa de extorsiones descendió 31,2% y no “casi la mitad”.

 

En una conferencia de prensa en la que anunció una estrategia de combate a la circulación de armas ilegales en el país, el ministro Carlos Basombrío relacionó este problema con el aumento de la violencia en los robos y la cifra ascendente de homicidios en el Perú.

“Hay demasiadas armas ilegales circulando en nuestro país. Eso explica el aumento de la violencia en los robos y por qué suben los homicidios”, dijo. Pero su afirmación resulta engañosa.

El estudio “Comportamiento de la tasa de homicidios 2011-2016”, elaborado por el INEI, evidencia que durante el 2016 se registraron 2.435 muertes violentas asociadas a delitos dolosos, 818 casos más que los reportados en el 2011. Estas cifras significaron que el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes pasara de 7,2 en el 2015 a 7,7 en el 2016. Sin embargo, César Ochoa, vocero de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), aclaró que no se puede establecer de manera categórica que la circulación de armas ilegales en el país son la causa de un aumento de la tasa de homicidios.

“No todas las armas ilegales están en manos de la delincuencia. También se consideran armas ilegales a aquellas con licencia de posesión vencida o aquellas que las empresas de seguridad guardan en lugares inadecuados”, señaló.

Ochoa afirmó que la cifra de crímenes con armas de fuego se ha mantenido constante en los últimos tres años. “En el 60% de los homicidios registrados en el país se emplearon armas de fuego y esa cifra no ha variado en ese período”, añadió el portavoz basado en un estudio de la Sucamec. Un antecedente que apoya este argumento es un análisis de Jaris Mujica, antropólogo especializado en temas de crimen, violencia y corrupción, que revela que entre los años 2005 y 2010 “el aumento de la cantidad de armas no implicó un aumento radical en la cantidad de disparos y muertes en el país”.

Del mismo modo, indicadores elaborados por el INEI demuestran que los niveles de robos violentos no han aumentado como asegura el ministro Basombrío. El porcentaje de robos violentos no varió entre octubre de 2016 y abril de 2017, se mantuvo en 1,9%.    

   

ECONOMÍA

A comienzos de este año, el presidente Pedro Pablo Kuczynski aseguró que la adenda al contrato del Aeropuerto de Chinchero (Cusco) no perjudicaba al Estado peruano a pesar de la posición contraria de la jefa del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Patricia Benavente, quien renunció al cargo. Después de revisar los informes y los hechos que marcaron este caso, existen datos irrefutables que demuestran que el jefe de Estado mintió. La adenda sí dañaba los intereses del Estado.

El problema se remonta al gobierno del presidente Ollanta Humala. En julio de 2014, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTC) y el Consorcio Kuntur Wasi suscribieron un contrato de concesión para la construcción del aeropuerto bajo el esquema de Asociación Público Privada.  El consorcio ganador, integrado por las empresas Andino Investment Holding y la Corporación América, había conseguido la licitación con una propuesta económica que equivalía a la mitad del costo de la que presentaron sus competidores.

Las obras debían iniciarse al finalizar el 2015, pero Kuntur Wasi presentó problemas de liquidez. Entonces, como una forma de destrabar esta obra, el presidente Kuczynski promovió una modificación al contrato que significaba un cambio completo en la forma de su financiamiento: el Estado pagaría 265 millones de dólares a Kuntur Wasi durante los cinco años que duraría la obra y ya no a partir del sexto año. Es decir, el “80,7% del financiamiento total del aeropuerto de Chinchero provendría del Estado (US$265 millones), cuando originalmente solo le correspondía el 28,6%.

Sin embargo, el presidente Kuczynski llegó a dar un mensaje al país con una pizarra en la que representó cómo esta nueva estructura de financiamiento le permitiría un supuesto ahorro de 590 millones de intereses al Estado. De esta manera, el 3 de febrero firmó la modificación al contrato de concesión.

El argumento del Jefe de Estado fue falso porque una auditoría de la Contraloría a la concesión del aeropuerto de Chinchero reveló que la adenda, tal como había sido firmada, implicaba una potencial pérdida de 40.6 millones de dólares de fondos públicos. "Es irregular la suscripción de la adenda porque modificó las condiciones de competencia que se utilizaron en el proceso de promoción que llevaron a la firma de dicho contrato, tales como: cambios en el esquema de pagos, adelanto de pagos, traslado de cierre financiero y garantías otorgadas por compañías aseguradoras”, resuelve el informe.

En conclusión, el Estado se convertía en el principal inversor y asumía los riesgos que le correspondían a la empresa privada. El 4 de junio, el Gobierno resolvió de manera irrevocable el contrato con Kuntur Wasi.

 

En agosto de 2016, en su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció que la ley contra la elusión tributaria sería derogada porque había afectado a muchos individuos. No dio mayores explicaciones y solo añadió que el gobierno no quería “una Sunat perseguidora”.

El ministro cumplió su palabra, pero el motivo que dio para dejar sin efecto la denominada Norma XVI no se ajustó a la verdad porque la ley todavía no había empezado a aplicarse pese a que fue aprobada en el 2014. El retraso de su entrada en vigencia se debió a que el sector empresarial (Confiep, Sociedad Nacional de Industrias y Cámara de Comercio de Lima) presionó en el Congreso para que se especificara los casos en los que esta norma sería aplicada. Entonces, la comisión encargada de atender el tema no había avanzado mucho para agilizar su implementación.

La ley contra la elusión tributaria era el mayor mecanismo para investigar a las empresas que eluden el pago de impuestos aprovechando los vacíos legales y con el objetivo de transferirlos a paraísos fiscales. Como lo demuestran varios reportajes de Ojo-publico.com, en los últimos años tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Sunat y el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -más aún después de las revelaciones de los Panama Papers- detectaron que la elusión tributaria es una práctica de grandes compañías que buscan trasladar sus excedentes a paraísos fiscales.

En el 2016, la Sunat había identificado 153.298 contribuyentes, entre personas naturales y empresas, que recibieron ingresos del extranjero por más de 6.600 millones de soles. De ese total, 691 son personas naturales que trajeron dinero de paraísos fiscales por un monto mayor a 248 millones de soles.

 

El Ministro de trabajo, Alfonso Grados, presentó al Congreso un proyecto de ley para promover la contratación formal de los jóvenes en marzo de 2017. "Esta norma fomenta el empleo y garantiza todos sus derechos laborales”, aseguró en una entrevista en RPP Noticias.

El problema está en que la información brindada por el ministro no es precisa. En primer lugar, no todos los jóvenes se verían beneficiados. En el supuesto de que la ley se apruebe, solo se generarían 50.000 puestos de trabajo, una cifra  inferior a la de los jóvenes que son parte de la PEA, pero no tienen empleo: unos 670.160, según datos del INEI.

Javier Dolorier, abogado especialista en Derecho Laboral, asegura que lo dicho por el ministro de Trabajo es solo una forma de vender la propuesta. “La realidad es que en el supuesto negado de que el proyecto pasara al Pleno y se aprobara, porque ni siquiera ha sido debatido, fracasaría porque las empresas no contratarían bajo esas condiciones”, explicó. Excepto por el pago del seguro, no obtendrían otras reducciones sustanciales que vuelvan atractivo contratar a jóvenes. 

En segundo lugar, si bien la ley busca garantizar los derechos laborales de los jóvenes y durante tres años la cobertura del pago del seguro social será financiada por el Estado, Gustavo Minaya, representante de la CGTP, dice que no es razonable que el Estado asuma un nuevo pago del seguro social cuando aún le debe a EsSalud.  Tal como está redactada, la ley no le asegura al joven un contrato duradero y tampoco estimula la formación profesional. "En consecuencia, tres años después, muchos jóvenes terminarán en la calle", declaró Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT).

 

EDUCACIÓN

Durante la campaña electoral del 2016, el entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski firmó un compromiso con el gremio de maestros para aumentar sus sueldos a 2.000 soles si llegaba a ser electo Presidente de de la República. "Necesitamos educación de calidad. Yo reitero que el sueldo mínimo de maestras y maestros, que es hoy 1.400 soles, será de 2.000 soles en el primer año de mi gobierno", prometió en un mitin en la ciudad de Arequipa. El 6 de junio de este año, el ahora jefe de Estado aseguró que "los aumentos prometidos ya se estaban cumpliendo".

Sin embargo, esta afirmación es engañosa. Cuando era candidato, Kuczynski ofreció un aumento para los profesores en general, sin hacer especificaciones de categorías, como se evidencia en el acta que lleva su firma y que publicamos en este informe. Es decir, no se explicó si el beneficio alcanzaba a todos los profesores nombrados y contratados.

El 15 de julio, la ministra de Educación, Marilú Martens, aclaró que el incremento de sueldo ejecutado era solo para los maestros nombrados, pero "se elevaría el salario del resto de docentes por etapas". Esta precisión se produjo luego de que el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Alfredo Velázquez, argumentó que la huelga se justificaba porque los profesores contratados no se habían favorecido con el aumento.

Otro factor que convierte en engañosa la afirmación del presidente Kuczynski está en las desigualdades de las ocho escalas salariales de la carrera magisterial. Los profesores nombrados con más grados académicos y puntajes altos en las evaluaciones docentes se ubican en las últimas escalas, pero no han sido beneficiados con el reciente aumento del Gobierno. Los mejores docentes del magisterio peruano solo recibieron entre 6 y 27 soles de aumento, debido a que sus sueldos ya alcanzan los 3.000 soles. 

Cuando más profesores lleguen a la séptima y octava escala salarial no podrán aspirar a salarios mayores a 4.000 soles, como sí era posible antes del aumento del actual gobierno. 

 

En un foro organizado por el Gobierno de Francia y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que el Perú está atrasado en innovación porque carece de suficiente tecnología.

Su afirmación se sustenta en cifras: el 71% de las empresas peruanas no invierte en investigación e innovación y apenas el 7,7% de compañías adopta tecnología extranjera, cuando el promedio latinoamericano alcanza el 14,2% y los países del bloque de la OCDE llegan al 18,2%, según un estudio del Ministerio de Economía y Finanzas.  

De acuerdo con el Índice de Innovación 2016, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Universidad Cornell y la Escuela de Negocios Insead, el Perú se ubica en el puesto 71 en innovación de un total de 128 países evaluados, lo que significa que está en el último lugar entre los países que conforman la Alianza del Pacífico. Una de las razones de este resultado está en que el Estado peruano solo destina el 0,12% de su Producto Bruto Interno (PBI) a ciencia, tecnología e innovación, mientras que Brasil asigna 1,2%.

 

En una actividad pública, el presidente Kuczynski recomendó a los jóvenes que formaban parte de su auditorio que postulen a las universidades públicas. “Hay que ir a una buena universidad y las mejores universidades del Perú son del Estado”, expresó el mandatario.

Sin embargo, la última clasificación mundial de universidades (QS 2017-2018) desmiente al jefe de Estado, ya que solo aparecen tres universidades peruanas: dos privadas  (Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Cayetano Heredia) y una pública (Universidad Nacional Mayor de San Marcos).

Según Ben Sowter, jefe de la Unidad de Inteligencia de QS, para que una universidad aparezca en este ranking debe tener buena reputación académica, un número considerable de investigaciones, infraestructura de calidad y profesores con altos grados académicos. En el Perú, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha certificado hasta la fecha a trece universidades, solo dos son públicas: la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional Autónoma de Huanta.

 

MEDIO AMBIENTE

Según el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, la emisión diaria de 20 ug/m3 diarios de azufre es un valor al que todos los países deberían llegar, pero que no es posible alcanzarlo de un día para otro. “Este parámetro solo había sido adoptado por el Perú y se estaba creando una falsa mirada de la calidad del aire”, agregó.

Para Iván Lanegra, abogado experto en Derecho Ambiental y ex viceministro de Interculturalidad, decir que los estándares de la OMS no tienen sustento técnico es un error. Lanegra asegura que lo que hizo el gobierno es considerar que es mejor asumir un riesgo de salud mayor a cambio de facilitar inversiones. “El gobierno considera que los ciudadanos peruanos pueden tomar un riesgo mayor para aumentar inversiones.  Es como si se decidiera colocar un tope más alto en la velocidad permitida para que todos podamos ir más rápido y, en consecuencia, el riesgo de sufrir un accidente de tránsito también se incrementara”, explicó.

A diferencia del Perú, la tendencia de los países en el mundo es fijar parámetros ambientales más estrictos hasta llegar a cumplir los recomendados por la OMS. Por ejemplo, en el 2015, Chile modificó sus parámetros permitidos para emisiones de dióxido de azufre de 250 a 150 µg/m3 con un criterio de excedencia de hasta cuatro veces por año. Mientras tanto, nuestro país ha pasado de 20 a 250 µg/m3, un margen que puede excederse hasta siete veces al año.