Las cifras de la corrupción que debilitan la ley contra la reelección inmediata
ELECCIONES 2018. Se aplicará norma aprobada en 2015 con el argumento de reducir delitos en la gestión pública
Las elecciones del 2018 para alcaldes y gobernadores regionales serán la primera ocasión que se aplique una ley que prohíbe la reelección inmediata de estas autoridades como una forma de evitar la corrupción. El Congreso aprobó la norma en el 2015, luego de que la Procuraduría Anticorrupción reveló que de los 1.841 alcaldes del período 2010-2014, nada menos que 1.699 (92%) estaban bajo investigación por peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión.
Sin embargo, el panorama electoral es más complejo si se considera que además 429 exalcaldes provinciales y 1.326 exalcaldes distritales, personajes con posibilidades de un eventual retorno al gobierno, eran investigados por los mismos delitos.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de mayo de este año, que mapea la corrupción en el país hasta el 31 de diciembre del 2016, acentúa las alertas: de los 32.925 casos registrados, el 42% involucra a autoridades y empleados de municipalidades distritales y provinciales, 12% a la Policía Nacional y 10% a los gobiernos regionales.
Áncash: alerta máxima
En la actualidad, 14 de los 25 gobernadores regionales -anteriormente llamados presidentes regionales- están condenados o tienen causas judiciales abiertas por corrupción. En teoría, la ley que impide la reelección inmediata tendrá un impacto especial en ese grupo, pero el caso de la región Áncash evidencia que las restricciones a la continuidad no necesariamente garantizan gestiones limpias.
Los tres últimos gobernadores regionales de Áncash terminaron en prisión. Desde su elección en el 2007, César Álvarez fue acusado de montar un aparato de corrupción y violencia para mantenerse en el poder. Se le denunció por soborno, extorsión, espionaje y contratación de sicarios para eliminar a sus rivales políticos. En mayo del 2014, el Poder Judicial ordenó su captura y la de 20 funcionarios de su gestión.
Álvarez está recluido en el penal de Piedras Gordas y tiene 22 procesos, entre investigaciones fiscales y en etapa judicial, todos por delitos de corrupción. Su sucesor, Waldo Ríos, también se encuentra tras las rejas. A comienzos del 2016, Ríos fue condenado a cinco años de cárcel por abuso de autoridad y por irregularidades en la ejecución de varias obras públicas cuando fue alcalde de la provincia de Huaraz, entre 1999 y 2000.
EN PRISIÓN. Los últimos tres gobernadores regionales de Áncash terminaron en la cárcel por delitos de corrupción.
El tercer gobernador regional de Áncash, Enrique Vargas Barrenechea, siguió el mismo camino penitenciario. Tiene diez investigaciones y procesos en su contra por presuntos delitos de peculado y colusión, abiertos hasta la fecha. En abril del 2017, poco antes de que un juez lo sentenciara por mentir en su hoja de vida, la Fiscalía allanó un inmueble de propiedad de su cuñado en el que se encontraron documentos públicos e incluso cheques de la región.
Para completar este panorama, una reciente auditoría de la Contraloría revela que de los veinte alcaldes provinciales en ejercicio de la región Áncash, diecisiete tienen investigaciones fiscales por corrupción. La mayoría ingresó por primera vez al cargo en los últimos comicios del 2014.
“Ser alcalde en el Perú es un gran negocio”, dijo en agosto pasado el actual contralor, Nelson Shack. El problema, explicó, se debe a que no hay suficiente supervisión, ya que la Contraloría solo tiene presencia en el 8% de las municipalidades distritales del país. “Tienen la cancha libre para hacer lo que quieren con el dinero público”, advirtió.
El mapa de la corrupción
Ante el elevado número de autoridades con esta clase de denuncias, la Asociación Civil Transparencia elaboró un mapa interactivo que recopila los casos más relevantes de gobernadores regionales y alcaldes que se encuentran en prisión o son investigados por delitos de corrupción. Se trata de veinte casos que la organización considera “emblemáticos” e incluye a quienes ejercieron cargos durante los últimos diez años, algunos de ellos siguen en funciones o incluso fueron reelectos.